El portavoz regional, Iván Sánchez, reprocha a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, su silencio sobre el destino real de estos menores y la falta de transparencia en su gestión.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional por Guadalajara, Iván Sánchez, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa lo que califica como un “mercadeo inaceptable con menores extranjeros no acompañados” por parte del Gobierno regional y el Ejecutivo central.
Sánchez ha expuesto que Castilla-La Mancha acogerá próximamente a 320 menores, una cifra que, a su juicio, evidencia que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha aceptado un “intercambio de personas por dinero”, con un trasfondo de 4,1 millones de euros que serían transferidos por el Estado.
“Esto ha pasado de ser una medida de emergencia a convertirse en una auténtica trata de personas, en un negocio disfrazado de solidaridad”, ha aseverado el diputado de VOX. Según ha recordado, cuando comenzó la presión migratoria en Canarias, se anunció la llegada de solo ocho menores. “Ahora ya van 320, y lo peor es que ni siquiera sabemos dónde van a ir, cuántos se instalarán en Guadalajara, qué instalaciones se van a utilizar, ni si los vecinos de esos municipios están de acuerdo con esta decisión”, se ha cuestionado.
Durante su intervención, Iván Sánchez ha dirigido sus críticas a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, responsable de este ámbito en el Gobierno autonómico. “Le hemos preguntado directamente por esta cuestión, pero sigue sin dar respuestas”, ha lamentado. La consejera, vecina de Torrejón del Rey, exalcaldesa del municipio y exdiputada provincial, fue interpelada sobre el destino final de estos menores y sobre la falta de transparencia en el reparto territorial.
“Desde VOX lo tenemos claro: los menores deben estar con sus padres”, ha sostenido el también presidente de VOX Guadalajara, refiriéndose a que “no se puede jugar con ellos ni justificar su traslado con demagogias”, y subrayando que la acogida masiva de menas, sin garantías y sin el consenso social, “es un grave error político y moral”.
